A través de Cadena Nacional de radio y televisión, el coordinador del Gabinete de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro anunció la suspensión de garantías constitucionales que significan toque de queda en Honduras por los próximos 10 días a partir de las  6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana tras aprobación en Consejo de Ministros.

Luego del caos y los violentos hechos registrados a nivel nacional en el marco de los resultados aún no oficializados por el Tribunal Supremo Electoral quien no completa al 100% el escrutinio de los datos a cinco días de la realización de las elecciones generales y en medio de las denuncias de fraude.

El toque de queda, podrá  aplicarse en “todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente”.

Están exceptos de la restricción de libre circulación los miembros y personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de partidos políticos, observadores nacionales e internacionales, los comunicadores sociales acreditados ante el TSE, transporte de carga, entes de socorro y emergencia acreditados, ambulancias, personal de enfermería y médico, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia.

Igualmente estarán exceptos altos funcionarios de Estado debidamente identificados por la Policía Nacional, miembros del Cuerpo Diplomático y consular, organismos y misiones internacionales y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y su personal.

Las Fuerzas Armadas apoyarán en forma conjunta o separada cuando lo situación sea requerida.

Se podrá “detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechosa de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien  con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su vida.

A los detenidos se le leerán sus derechos, así como se llevará un registro en cada retén, posta o recinto policial y militar.

Todos los detenidos permanecerán recluidos por los términos establecidos por la ley.

También se procederá al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que hayan sido tomadas por manifestantes o se encuentren en su interior en la comisión de actividades prohibidas por la ley.

Las secretarías de Estado e instituciones públicas poner a disposición de las Fuerzas Armadas